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El concurso de persona física: La Ley de Segunda Oportunidad

11-03-2019

               Estamos acostumbrados a escuchar las situaciones de insolvencia que acechan a las sociedades mercantiles y que terminan solicitando el concurso de acreedores pero, ¿puede una persona natural encontrarse en dicha situación y acceder a la vía concursal? La respuesta es afirmativa, y nos la concede el propio artículo primero de la Ley Concursal: “1. La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica”. Para ello, solo necesitamos dos cosas: una situación de insolvencia (actual o inminente) y, evidentemente, acreedores.

Cada vez es más habitual que una persona física (especialmente empresaria, pero también no empresaria), acuda a esta vía que prevé nuestra legislación para tratar de dar solución a la situación que la amenaza patrimonial y económicamente. Nuestro ordenamiento pretende proteger a la persona natural que, por unas u otras causas, ha visto su aventura emprendedora desembocada en una situación económica complicada o insostenible, sin poder hacer frente a sus obligaciones exigibles. Sin embargo, nuestro ordenamiento no solo prevé que la persona física acceda al procedimiento concursal, sino que va más allá: el legislador considera que una persona natural, cuyo patrimonio personal no se distingue ni separa del de sociedad alguna, y que se encuentra en una situación de insolvencia por una concurrencia de circunstancias carentes de mala fe, ha de poder acceder a una segunda oportunidad para empezar de nuevo y volver a encarrilar su situación patrimonial. Por ello, la persona natural que cumpla unos determinados requisitos podrá, una vez concluido el concurso de acreedores, solicitar al Juez el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, creándose así una excepción al principio de responsabilidad patrimonial universal.

¿Qué es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho?

Esta figura viene prevista en el art. 178 bis de la Ley Concursal, (antes art. 178.2 LC, modificado por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social). Como su propio nombre indica, consiste en una segunda oportunidad que concede el Juez a una persona física que, habiendo tramitado y concluido su concurso de acreedores, y mediando la buena fe, se encuentra con unas deudas que no han podido ser satisfechas con la liquidación de la masa activa de la que se disponía. En efecto, la persona natural podrá obtener ese beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho “una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de masa activa”: es decir, los dos pilares fundamentales para poder obtener dicho beneficio son que el deudor sea de buena fe y que se liquide previamente su patrimonio (o se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa).

Es importante reunir los requisitos previstos en la Ley Concursal, ya que de lo contrario el Juez no concederá dicho beneficio. Por ello, es imprescindible estar atento al plazo que se concede para su solicitud tras la conclusión del concurso, pero también atender al requisito de la buena fe exigido. Para esto último, acudimos al art. 178 bis.3 LC, donde se reúnen los requisitos que el deudor habría de reunir para entenderse que concurre buena fe, de entre los que destacamos el intento de llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, previamente a la solicitud de concurso. Es tan importante la buena fe en todo el procedimiento, que podemos decir que las deudas no desaparecen “para siempre”. Es decir, cualquier acreedor podrá pedir al juez la revocación de la exoneración, si se constatara la existencia de bienes, ingresos o derechos del deudor ocultados.

De la interpretación conjunta de estos preceptos citados se desprende que el deudor persona física que no presente en tiempo y forma la solicitud de exoneración, y/o no reúnan los requisitos de buena fe requeridos en el art. 178 bis.3 LC, habrá de someterse al principio de responsabilidad patrimonial del art. 1911 del Código Civil, respondiendo con sus bienes presentes y futuros de esas deudas no satisfechas.

Como en todo, esta figura tiene sus especialidades, y habremos de estar al caso concreto. No todo el pasivo puede exonerarse. Entre estas excepciones, se encuentran los créditos de derecho público (Hacienda y Seguridad Social), los créditos contra la masa y los de alimentos. Dependiendo de qué “modalidad” escojamos a la hora de obtener el beneficio de exoneración, se exigirá o bien que se hayan abonado los créditos contra la masa, los privilegiados (generales y especiales) y el 25% de los créditos ordinarios (en caso de no haber intentado un Acuerdo Extrajudicial de pagos); o bien, y para el caso de no haber satisfecho la totalidad de los créditos privilegiados, pero sí haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el deudor persona física habrá de presentar junto con la solicitud, un plan de pagos. Si se concede la exoneración por esta vía, el pasivo exonerado se referirá a los créditos ordinarios y subordinados y la parte de los créditos con privilegio especial que no hayan podido satisfacerse con la garantía. Los créditos no exonerados habrán de satisfacerse durante los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, según el plan de pagos presentado. Es conveniente saber que este beneficio otorgado al emprendedor deudor constará en el Registro Público Concursal durante ese mismo plazo de cinco años, que podrá ser consultado por todo aquél que tenga un interés legítimo.

Aún queda mucho que regular, pues está claro que este beneficio aún no responde de manera completa y exhaustiva a los problemas reales de un emprendedor deudor que, si bien puede verse libre de los créditos ordinarios y subordinados, así como parte de los privilegiados, sigue encadenado a las importantes cuantías que comprenden los créditos de derecho público y que, en muchos casos, han generado esa situación de insolvencia.